Así, por casualidad, muchos políticos, periodistas y opinantes acaban de caer en la cuenta de que del problema gravísimo que Sánchez, socios y apoyos nos crean al pretender pagar otra investidura con la cesión de los impuestos a Cataluña y que sálvese el que pueda, tiene la culpa Madrit. Una vez recibida la orden del día, cada feligrés en la parroquia intenta buscarle el fuste a la consigna como buenamente puede, es decir, de mala manera y con escaso éxito. Conclusión unánime: Madrid nos roba. Ese es el lema y el problema. Y, claro, hay que darle una solución a esa injusticia. Y, de paso, otra pura casualidad, nos votan al Illa.
Madrid es capital de España
desde que así lo decidió un tal Felipe II en 1586, salvo unos breves
intervalos. Pero es ahora, fíjate tú, cuando descubrimos con pasmo que el efecto capitalidad resulta
perverso. Es un efecto real, es un beneficio, del que gozan en bastante medida
todas las capitales de cada comunidad autónoma. Por contra, acarrea no pocos
gastos e incomodidades. Cuando lleguen las elecciones autonómicas, que vayan a
Madrit a explicarles lo abusones que son. Y luego a llorar, como siempre.
¡Serán gilipollas, que han vuelto a darle una mayoría absoluta a la Ayuso, con
lo mala que es!
Por otra parte, nos cuentan
que es injusto que las empresas se vayan donde les parezca oportuno. Era mejor
cuando Franco decidía que la SEAT a Martorell (Barcelona), que en Cartagena o
en Málaga no van a saber montar coches, ni tienen puerto. Maltrato secular a
Cataluña, se lamentan, ahora agravado, como nos ilustran los que saben, con la
competencia desleal por el dumping fiscal que Madrid practica para atraerlas.
Competencia desleal le llaman los paladines de la lealtad. Castilla-La Mancha,
como otras, procura atraer a su territorio limítrofe todas las empresas
ubicadas en Madrid que puede engatusar a base de tratarlas bien, mejor que
Madrid. Todos lo intentan, cada cual con las armas que tiene, que son demasiado
diferentes como para que se queje quien tiene tantas como el que más. Si hay
comunidades que han conseguido con sus políticas ahuyentarlas más que
atraerlas, con su pan se lo coman y al rincón de pensar. El uso artero y
egoísta que algunas comunidades han hecho de su poder delegado ha llevado a
todos a la competencia, no a la colaboración entre españoles, que ellas
intentan hacer desiguales y recelosos del vecino. No se trata de vivir mejor
que antes, se conforman con intentar vivir mejor que los demás, siempre con el
impulso aldeano de la comparación con el villorrio vecino.
Creamos las Comunidades
Autónomas, que fueron adquiriendo más y más competencias, por lo civil o por lo
criminal, para sumarse a algunas que nunca debieron ser transferidas. Y cada
investidura, presupuesto o ley necesita de algún otro traspaso o pago en especie, sea razonable,
justo, o ninguna de las dos cosas, como es el caso.
Todo tiene un precio. No nos
quejemos si, además del País Vasco, Navarra y Cataluña, las demás comunidades
se buscan la vida en legítima defensa, pues lo que se ha cebado es el incentivo perverso de que
sólo recibe buen trato, mejor que los demás, quien tiene el poder de imponerlo.
¡Ay de las zonas despobladas, envejecidas y dejadas de la mano de Dios desde
los romanos! Ya sabemos con qué transparencia y generosidad se negocia la
pírrica aportación vasca y navarra al fondo común. En términos científicos, son
nuestros chulos. Y no hay puta bastante para otro más. Las negociaciones con
los separatistas, ya vemos que se hacen a punta de pistola. O me das esto o no
te voto. Y, si dan con la persona adecuada, se les concede lo que sea menester,
salte o raje.
Tanto Cataluña como el País
vasco son deficitarias a la hora de atender el pago de las pensiones, siendo
las suyas, como sus sueldos en activo, de las más altas de España. Los
jubilados catalanes reciben 4.000 millones más cada año de lo que cubren las cotizaciones
de los trabajadores en activo en su comunidad. Madrid tiene en ese apartado un
superávit de 3.000, con lo que cubre sus propias pensiones y aporta ese exceso
de cotizaciones a la caja común. Esta caja común, a diferencia de la
recaudación de los impuestos, no se cuestiona. Es más, se evita hablar de ella.
Ahora sí que es buena y necesaria la solidaridad entre territorios. Es decir,
que las pensiones de sus ciudadanos sean atendidas con cargo a las cotizaciones
de todos los españoles, completadas cada año de forma creciente con los
impuestos de todos y la deuda española que cada año se contrae para poder
pagarlas. No respetan más leyes que la de la gravedad y la del embudo. Y a los
‘progresistas’ les parece todo un avance. Saben que no lo es, pero mentir cada
vez les cuesta menos trabajo, viendo al jefe.
Eso, antes o después, sobre
todo si alguien quisiera abrir el melón constitucional para reformar la
estructura territorial, como por la puerta trasera y desde hace una semana pretenden hacernos
confederales a hostias, puede dar lugar a que aparezcan reivindicaciones
imprevistas y molestísimas para los defensores de ese invento falaz de la
plurinacionalidad. Igual se encuentran con una ola imparable de deseos recentralizadores
de algunas competencias cuya cesión ha creado más problemas que beneficios al
conjunto y se han usado en contra del Estado y la mayoría de los españoles,
creando unos de primera y otros de segunda.
Cada Comunidad tiene transferidas unas competencias que, salvo Cataluña, ejerce dentro de la ley como mejor cree conveniente. En las elecciones los ciudadanos juzgan y eligen gestiones y talantes. Esas competencias incluyen la regulación y recaudación de algunos impuestos y tramos de IRPF. Lo recaudado y lo recibido del Estado lo gasta en lo que responde a lo que considera sus necesidades prioritarias. En eso consistía la autonomía ¿no? A todas y cada una hay críticas razonables y merecidas que hacer. A Madrid, sin duda, también. Pero si alguna considera prioritario gastar miles y miles de millones en unas cadenas de radio y televisión afines para propagar la causa separatista, subvencionar periódicos comprensivos y complacientes, ir creando organismos paralelos a los del Estado para colocar a la peña e ir haciendo una republiqueta por la puerta de atrás o malgastar en embajadas inútiles lo que para lo necesario les falta, que no intenten pasarnos a escote esas cuentas a los demás. Todo eso posiblemente supere el presupuesto total de alguna pequeña comunidad autónoma. Los catalanes sabrán a quiénes votan y para qué.
Ni se les pasa por el cimborrio pensar que hay unas comunidades mejor gestionadas que otras. Y alguna sencillamente sin gestión alguna, que están en otras cosas, haciendo país y destruyendo nación, la única que hay, dejando el palabrerío aparte.
Pero la culpa es de Madrid, que de nuevo es la que más dinero aporta al fondo común que compensa de alguna forma desigualdades de origen, tres veces más que nadie. Incluso la malversación que rodea la intentona del procés ha recibido el beneplácito de un gobierno que llegó prometiendo acabar con la corrupción ajena, para acabar aportando la propia y modificando a medida la figura legal que la castigaba para pagar otros votos. Varias leyes han mercadeado para cambiar apoyos por impunidad. Hay muchas formas de corrupción y, como vemos, la peor no es la económica, sino la política e institucional que comete este gobierno.
No es lo mismo prestar atención médica, educativa, dependencia, comunicaciones, etc. a una población envejecida y dispersa que en una gran urbe. Eso viene a reforzar la idea de la irrenunciable necesidad de que Madrid, Cataluña, Baleares y, en general, las regiones más ricas y pobladas, aporten lo que aportan o más, nunca menos. No somos tan candorosos como para creer que este desmán favorecerá a todos, y menos que los separatistas arrancan este acuerdo para disponer, en proporción a los demás, de menos fondos, al contrario. Es algo indefendible, por mucho que la tropa del cencerro se empeñe en defender hoy lo que nunca se les había pasado por la cabeza, y menos aún que fuera posible consentir.
La solución, se nos cuenta también a coro unánime, es ceder toda la recaudación de impuestos a Cataluña y
ya, si eso, aportarán algo si los demás se portan bien. Es decir, intentan
presentar como una necesidad nacional, algo justo y conveniente para todos, lo
que, como todos sabemos y ellos también, no es otra cosa que el último pago de
otra investidura. Al parecer, siendo costumbre, la infamia es menor por ser ya
la marca de la casa.
No existe ninguna justificación decente para todo lo que se les ha venido concediendo a cambio de votos en el Congreso, incumpliendo promesas, desdiciéndose una y otra vez, forzando las leyes o reformándolas a medida. Ahora, además, tendremos que pagar entre todos cada ley que haya que negociar en Cataluña. Cero votos la moción, por mi parte. Todos sabemos que si las circunstancias lo imponen y la parte contratante de la segunda parte carece de líneas rojas y de algunas otras cosas, que con esos bueyes tenemos que arar, ordeñarán la vaca hasta que aguante, sea justo o injusto, como lo es lo que ahora se les concede. No cabe esperar de los nacionalistas lealtad, generosidad ni el más mínimo sentido de justicia redistributiva. Ni siquiera solidaridad, que es como se quiere llamar a la justicia. Nunca la han tenido, ni ellos ni sus antepasados. Lo suyo es suyo y de lo común, lo que puedan arrebañar. Un robo cometido solos o en compañía de otros. Todo queda entre 'progresistas', lo que para muchos es un consuelo. Y para el resto, la inmensa mayoría, un retrato fiel de ese sector.
